Más de 100 urbanizaciones construidas en la Comunidad de Madrid son ilegales

Hablar de urbanismo en la Comunidad de Madrid es como enfrentarse a un puzle sin resolver: Miles de piezas sin ningún orden. Los responsables de la Consejería de Vivienda y Ordenación del Territorio aseguran desconocer cuántos municipios revisan actualmente sus planes generales. Tampoco llevan la cuenta de las viviendas ilegales en la sierra, ni de las urbanizaciones clandestinas que sobreviven en la Comunidad de Madrid.

Algunos propietarios se unen para presionar a los municipios

“Compré la casa hace 16 años”, recuerda Pilar Sánchez, una de las vecinas de la urbanización los Colhonares, a unos 15 kilómetros de Chinchón. La urbanización donde está su pequeño chalet depende de este municipio, de 5.300 habitantes. “Somos unos 200 vecinos. Nos hemos juntado en una asociación para reclamar al Ayuntamiento que nos ofrezca todos los servicios municipales”, cuenta.

Pilar vive en una casita de una sola planta que ha ido ampliando poco a poco a lo largo de los años, aunque, como el resto de las construcciones de la urbanización, está a punto de arreglar su situación. La principal razón de este olvido se debe a la desidia de los Ayuntamientos, que evitan intervenir porque tendrían que prestar los servicios de recogidas de basuras, saneamientos de agua… Y eso cuesta mucho dinero.

En 1985, la Comunidad de Madrid, entonces gobernada por el socialista Joaquín Leguina, aprobó una ley para acabar con la proliferación de urbanizaciones ilegales. El Gobierno regional elaboró un catálogo compuesto por 137 colonias ilegales y estableció un plazo de dos años para regularizarlas. Los Ayuntamientos tenían que calificarlas como núcleos urbanos y registrarlas dentro del plan general. Una vez ordenada la situación, los consistorios tenían la obligación de prestarles los servicios municipales básicos.

Algunos Ayuntamientos se pusieron manos a la obra y comenzaron a regularizar las urbanizaciones ilegales. Cambiaron sus normas para declararlas núcleos urbanos. Pero ahí quedó todo. No hicieron algo fundamental: registrarlas dentro del plan urbanístico. Otras sí se decidieron a hacerlo, pero olvidaron el paso final, que es dotar de servicios a las urbanizaciones. Sin embargo, la mayoría de las localidades afectadas directamente se quedaron de brazos cruzados y no hicieron nada. Un centenar de colonias sigue de forma ilegal desde entonces.

“Llevo dos años viviendo aquí”, cuenta José Garrido. “Aquí” es una parcela en medio de ninguna parte entre Chinchón y Villaconejos. Un terreno con una superficie de una hectárea en terraplén donde aloja dos viejos Volkswagen escarabajo. En la parte superior de la pequeña finca ha construido una casa donde vive, junto a dos perros que corren y ladran al percibir la presencia del extraño. Su casa está en una urbanización en medio del campo, pero es ilegal. Una más. Y también lleva en esa situación más de un cuarto de siglo.

En los setenta y principio de los ochenta se produjo el primer boom de la construcción. Entonces quienes tenían algún terreno lo segregaron y lo vendieron por partes. En parcelas de menos de 10.000 metros cuadrados. Pronto se comenzaron a constituir urbanizaciones fuera de los núcleos urbanos de población.

“Se creó un paisaje irregular. Había parcelas donde se labraban pequeños huertos, se almacenaban materiales de construcción o simplemente construían grandes chalets de forma irregular”, cuenta Mariano Trías, asesor técnico de la Dirección General de Urbanismo de la Comunidad.

“En aquella época la legislación urbanística era más laxa”, reconoce María Ángeles Nieto, miembro de Ecologistas en Acción.

El responsable regional explica que las competencias urbanísticas corresponden a los Ayuntamientos. La Comunidad de Madrid les presta asistencia jurídica o bien les asesora. “Pero son los Ayuntamientos los que tienen que decidir qué hacen con las urbanizaciones ilegales”, remacha el responsable regional. “Actualmente estas urbanizaciones no se podrían construir”, asegura Trías, quien trabajó en la oficina de disciplina urbanística durante años.

Pero desde Ecologistas en Acción contradicen estas afirmaciones: “Han aparecido nuevas urbanizaciones ilegales. Surgen porque los Ayuntamientos los permiten y la Comunidad de Madrid mira para otro lado”, sentencia Nieto, experta en urbanismo de la organización verde. Mientras lo hace enumera algunos ejemplos de colonias que son ilegales: “En Brea del Tajo, Gargantilla de Lozoya, Perales de Tajuña, San Martín de Valdeiglesias, Colmenar de Oreja…”.

Muchas de estas urbanizaciones son ilegales porque los propietarios no están dispuestos a pagar el dinero necesario para hacer las acometidas de agua, la red de saneamiento, la instalación de electricidad o ceder terrenos para construir viales.

Alrededor de Colmenar Viejo hay varias de estas urbanizaciones irregulares. Un portavoz municipal explica la situación: “La gente se puso a construir donde les dio la gana. Nosotros les prestamos los servicios que podemos. Es una situación complicada porque la tasa que pagan, el IBI, es residual, ya que se trata de suelo rústico”, concluye.

Es decir, mientras los municipios justifican como pueden el desorden los vecinos siguen en un limbo legal.

Viviendas en zonas protegidas

El puzle urbanístico de la Comunidad de Madrid no tiene una imagen clara. Es un conjunto de normas que se solapan entre sí. Ecologistas en Acción denuncia la proliferación de construcciones ilegales en la sierra. Pero este fenómeno ocurre en toda la región. “Hay miles de asentamientos ilegales, casas levantadas en zonas protegidas”, reconoce la experta en urbanismo de la organización verde, María Ángeles Nieto, que recorre todos los municipios de la región revisando sus planes urbanísticos y sus modificaciones.

Por eso cuenta que el avance del Plan Urbanístico de El Molar hace referencia al problema de las construcciones ilegales. También el anteproyecto del nuevo plan de Tielmes alerta de la gran cantidad de viviendas irregulares. “Solo en la Cañada Real hay cientos de viviendas ilegales. Es una vía pecuaria y no se puede construir”, recuerda la responsable de Ecologistas.

Pero hay más: “En El Molar, a lo largo de La Vega del Tajuña, han aparecido durante los últimos años muchas viviendas ilegales”, señala. “También en las proximidades de Aranjuez y todo el Tajo. Las cuencas fluviales atraen a la gente”, precisa. (J. Sérvulo González – El País – España)

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